Publican una ley de evaluación de impacto ambiental más preventiva

Laia Soriano-Montagut Jené, de Terraqui, analiza la reciente normativa estatal que ha entrado vigor en diciembre pasado y que pone el acento en la eficiencia de los recursos, el cambio climático y la prevención de riesgos.

El día 6 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

La evaluación ambiental, sostiene la consultora ambiental, resulta indispensable para la protección del medio ambiente y facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.

Cabe señalar que esta norma se ha aprobado para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modificó la Directiva 2011/92/UE, con el fin de:

→ Conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental, adaptando las diversas etapas de las que consta este proceso a los principios comunitarios de «una mejor legislación» y de reducir las cargas administrativas para los ciudadanos.

→ Aumentar la coherencia y las sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión Europea, así como con las estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de competencia nacional.

→ Garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la salud humana, del patrimonio nacional, velar por el mantenimiento de la diversidad de especies, conservar la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la vida y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto públicas como privadas, más previsible y sostenible a largo plazo.

Ha recordado Soriano-Montagut que el plazo para transponer la Directiva 2014/52/UE acabó el 17 de mayo de 2017. Consecuencia de ello fue que la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Estado español por dicho incumplimiento, lo cual seguramente ha agilizado la aprobación y publicación de la presente norma.

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2019-01-18T13:07:30+00:00 10 enero, 2019|