UE: España no protege las aguas de los nitratos agrícolas

La Unión Europea ha expuesto de forma oficial y contrastada lo que ecologistas y asociaciones vecinales han venido denunciando desde hace años:“excesivo y mal uso de los purines, falta de control administrativo, laxa legislación e impunidad”.

La invasión porcina y la agroquímica ha contaminado con nitratos gran parte de Europa y ahora amenaza a amplias zonas de España donde la propia Unión Europea reconoce que no hay un control efectivo y ni de protección contra esta contaminación de las aguas, así lo dice una nota de Ecologistas en Acción.

El 8 de noviembre, la Comisión Europea publicó una hoja informativa relativa a varios procedimientos de infracción. En materia de medioambiente, hay dos que afectan a España, uno sobre residuos por tener numerosos vertederos en uso de forma ilegal o sin restaurar y otro en el que la Comisión insta a Italia y España a cumplir la legislación de la Unión sobre los nitratos.

La Comisión afirma que España tiene “insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias”.

Una granja porcina.

Una granja porcina.

Dos meses para responder a la carta de emplazamiento

Este país, explica Bruselas, “no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación.”

Precisamente estas deficientes e irregularidades las señalan desde ASDEN-Ecologistas en Acción y otras muchas entidades ecologistas, agrupaciones vecinales y plataformas ciudadanas en alegaciones a macrogranjas y en denuncias administrativas y públicas, “las cuales suelen tener poca o nula eficacia porque la administraciones (locales y regionales) archivan o minimizan los expedientes sancionadores o hacen declaraciones alabando las falsas bondades del sector porcino”, dice la ONG.

Al respecto, la entidad da algunos ejemplos en Soria como Monteagudo de las Vicarias, en Ausejo de la Sierra con el vertido de 32.000 litros de purines por parte de COPISO, o los ya históricos vertidos e ilegales balsas de purines del Villar en Los Rábanos.

Además, dice los ambientalistas, “tenemos la falta de diligencia e interés de la Junta de CyL de aprobar el Decreto por el que se declaran municipios y zonas vulnerables a la contaminación de nitratos. Este decreto lleva en tramitación más de un año y obligaría adoptar medidas especiales para que el uso de abonos y purines no contaminase las agua, limitando así la carga ganadera intensiva (porcina, vacuno, aviar, etc). Según el borrador de este decreto a la superficie afectada se multiplicaría por 10, pasando de 67 en 2009 municipios a 716 en 2016. En Soria se pasaría de cero a 71 municipios. El retraso en su aprobación está permitiendo que se autoricen muchas macrogranjas, que de la otra manera no podrían instalarse”.

Pueblos de Soria que beben agua embotellada

De acuerdo con lo expuesto por Ecologistas, como resultado tenemos de la falta de control, vigilancia y protección de las aguas por parte de las administraciones frente a la contaminación por nitratos, hay al menos 17 pueblos de la provincia de Soria, y otras tantas decenas en CyL no pueden beber agua de sus captaciones y tienen que beber agua embotellada.

A estos pueblos “hay que sumar otros muchos cuya concentración elevada de nitratos pero inferiores al nivel legal de 50 mg de nitratos/litro que no son divulgadas por las autoridades, y posiblemente de otros muchos en los que las concentraciones son superadas pero no es comunicado, como así se sospecha que ha pasado en Muro de Ágreda (Ólvega)”.

En definitiva, concluyen, “la Unión Europea expone de forma oficial y contrastada lo que los ecologistas venimos denunciando desde hace años: excesivo y mal uso de los purines, falta de control administrativo, laxa legislación e impunidad”.

Las últimas infracciones en medio ambiente

Cabe recordar que en su paquete de procedimientos de infracción de noviembre Bruselas dio a conocer las principales decisiones relativas a España en materia medioambiental.

En la primera, la Comisión advierte a España e Italia de la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. La legislación de la Unión sobre los nitratos es una de las piedras angulares de la legislación europea sobre el agua, cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada o inducida por los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones. Para lograr este objetivo, la Directiva sobre los nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) contiene diferentes acciones y medidas que los Estados miembros deben elaborar e implementar, por ejemplo, controlar las aguas, designar zonas vulnerables a los nitratos y establecer códigos de prácticas agrarias correctas y programas de acción. Italia no ha designado zonas vulnerables a los nitratos, no controla sus aguas ni ha tomado medidas adicionales en varias regiones afectadas por la contaminación por nitratos. España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar sendas cartas de emplazamiento a ambos Estados miembros y les concede dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

España tiene al menos 1.513 vertederos ilegales

La Comisión también hizo un llamamiento a España por no cumplir sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos y protección de la salud humana y el medio ambiente. En virtud de la Directiva Marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE), los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. A pesar de que la información que se ha facilitado a la Comisión está incompleta, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales (al menos 1.513) pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente. Debido al incumplimiento sistémico y prolongado de las obligaciones que le incumben en el marco de la Unión, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el TJUE.

 

 

2018-11-15T15:22:37+00:00 14 noviembre, 2018|