De acuerdo con el[download id=»11610″] (PLCCyTE) y la última versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado por la Fundación Renovables, esta semana, tendría que darse urgentemente un replanteamiento de muchas partes específicas, ligadas al cambio climático, en un sentido más amplio y que estén o no contenidas en el articulado de la nueva normativa con actuaciones mucho más ambiciosas. La fiscalidad, el agua, la movilidad, la silvicultura, entre otros ámbitos, también deben ser modificados con el mismo fin.
Objetivos insuficientes y rebajados
La Fundación considera que los objetivos contenidos en el PLCCyTE “no son suficientemente exigentes para recuperar el déficit histórico que llevamos con respecto a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea (CE) y con relación a otros países de nuestro entorno. Además, supone aceptar que hemos perdido ya una década al asumir como objetivo para 2030 el que la Unión Europea (UE) tiene para 2020”.
Para la entidad sectorial, la Comisión Europea ha decidido dar un paso adelante proponiendo un objetivo de reducción de emisiones del 55% después de que el Parlamento Europeo propusiera un objetivo del 60%. Este esfuerzo no debe hacernos olvidar el entorno en el que nos movemos y la respuesta coherente que debemos dar a todos los países que configuramos la UE.
La Fundación Renovables argumenta que el objetivo de reducción del nivel emisiones de GEI del 23% para 2030 respecto a 1990, planteado en la última versión del PNIEC, siendo ya insuficiente e incoherente a largo plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, se ve reducido a un 20%. De manera similar, “el objetivo planteado en el PNIEC del 42% de penetración de energías renovables, respecto al consumo de energía final, desciende incomprensiblemente a un 35% y el del 74% de generación eléctrica con renovables al 70%, una apuesta por la generación de electricidad con renovables que no se ve reflejada en la estructura de la demanda final de energía, en la que el peso de la electricidad sigue siendo incomprensiblemente bajo, pese a ser un vector sin emisiones en destino, lo que significa que no se apuesta por considerar la calidad del aire de las ciudades como elemento base de la lucha contra el cambio climático”.
Por otro lado, añade, “es difícilmente comprensible no considerar lo establecido y marcado por el PNIEC, no solo por la devaluación explícita del Plan como marco normativo referente de cara a 2030, sino porque abre dudas con respecto al mantenimiento y al desarrollo de la posición nacional, ya comunicada a la CE. Consideramos que es necesaria una revisión urgente de los objetivos de reducción de emisiones, incrementándolos para 2030 por encima del 50% y estableciendo un 100% para 2050.
Electrificar la demanda, el único camino para reducir la mortalidad prematura
Asimismo, la FR cree que es posible alcanzar un 50% de penetración de renovables en el consumo final de energía y un 80% en el sistema eléctrico en 2030, llegando al 100% de ambos objetivos en 2050. «Electrificar la demanda es la única medida para mejorar la mala calidad del aire de nuestras ciudades y reducir los niveles de mortalidad prematura en los colectivos vulnerables de la sociedad por sus afecciones del sistema cardiorrespiratorio, ocasionados, generalmente, por la contaminación de procesos de combustión, tanto en emisiones de GEI como de micropartículas en suspensión (PM 2,5)», señala.
La electrificación de la demanda, no solo es la única vía para la mejora de la eficiencia, la incorporación de las energías renovables y la reducción de emisiones, sino como el escenario básico en el que el consumidor debe asumir sus derechos y obligaciones para lograr el cambio de modelo sino que debe formar parte como objetivo vinculante de nuestra política energética y de las medidas a considerar, tanto en el PLCCyTE como en el PNIEC y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
Se sigue apostando por los procesos de combustión
En este sentido, la Fundación propone como objetivo un 50% de electrificación de la demanda energética para 2030 y un 80% para 2050. «Los niveles de electrificación establecidos en el PNIEC para 2030, 27% frente a un origen del 24%, aunque la realidad de 2019 fue del 22%, invalidan la consecución de los objetivos energéticos hoy en día y son referencia del exiguo objetivo de reducción de emisiones. El PLCCyTE debe apostar, explícitamente, por el consumo responsable como obligación y por la puesta en marcha de iniciativas regulatorias para que el consumidor tenga los derechos que la Directiva de Renovables adelantaba hace ya años: comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica. Todo ello nos lleva a pensar que, desgraciadamente, seguimos apostando, en bucle, por los procesos de combustión con el correspondiente incremento de emisiones de GEI, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos».
En definitiva, concluye la Fundación Renovables, el PLCCyTE no es exigente ni ambicioso en los objetivos que contiene, como tampoco lo es el PNIEC. Esto conlleva que no asuma su papel legislativo de referencia y compromiso con respecto al presente y al futuro de nuestro país, por la consideración de los objetivos fijados que no son acordes ni consecuentes con el retraso histórico en materia de emisiones que arrastramos, por no apostar por la eliminación y la disminución de nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles, y por el poco alcance que tienen las energías renovables en el desarrollo del marco legislativo.
Un Pacto de Estado en enmarca modificaciones profundas y complejas
Entre otros aspectos, se debe acometer modificaciones profundas en fiscalidad, en todo su desarrollo normativo (Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética), en el papel de las diferentes administraciones, con especial apuesta por las Administraciones Locales (Ley Orgánica 1/2012 y Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), en la regulación del sistema eléctrico (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico), en la apuesta por leyes que no hemos desarrollado como la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas, 3R, en el progreso de nuevas iniciativas como una Ley de Reforma del Sector Eléctrico y otra Ley de Fiscalidad Verde, que afecten a la mejora de la calidad del aire desde un punto de vista de la salud, de la gestión de los recursos naturales, una Ley de Economía Circular y otra de Movilidad Sostenible, del desarrollo rural, promulgando una Ley de Silvicultura Sostenible y una Ley del Agua, entendiendo que el desarrollo, la tramitación, la modificación y la promulgación de esta batería legislativa debe estar referenciado bajo mandatos o disposiciones en el PLCCyTE.
Por último, se entiende que el alcance de la ley y su aprobación debe ser la consecuencia de un Pacto de Estado que cuente con la mayor representación de fuerzas políticas y que venimos reclamando desde hace varios años, pero sin que el necesario consenso suponga una pérdida de ambición del alcance de la propia ley. En esta ley se debe definir qué presente y qué futuro queremos tener y, obviamente, debe ser garante no solo de la estabilidad jurídica que no hemos tenido en el pasado, sino, también, de la estabilidad de acción y de unas políticas energéticas centradas en la eficiencia, en las energías renovables y en la sostenibilidad en su sentido más amplio.
La demora y, sobre todo, la falta de ambición y compromiso de la futura ley va en contra de la sociedad que será la encargada, en el futuro, de pagar las consecuencias tanto a nivel medioambiental como sanitario, económico y social.
