Compra verde: se publica la nueva ley de contratos públicos

La normativa que traspone nuevas Directivas europeas afecta a la contratación pública que representa el 20% del PIB español.

Como novedad, la nueva ley desarrolla el cálculo del coste del ciclo de vida de los productos, servicios o suministros con el fin de medir la mejor relación calidad-precio de las distintas ofertas.

Esta semana ha sido publicada en el BOE la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (pdf 12MB) que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018. La norma que se relaciona con la política europea de compra pública verde y se enmarca dentro de los criterios de la Estrategia Europea 2020, se basa en el desarrollo innovador, la integración social y la sostenibilidad medioambiental.

Se pretende garantizar el uso con más racionalidad económica de los fondos públicos. En ese sentido hay que señalar que la contratación pública en España corresponde al 20% del PIB, por lo que podría llegar a ser una palanca de cambio a tener en cuenta por parte de los entidades públicas.

Mejor relación calidad-precio

La nueva norma promueve una mayor transparencia, integridad y accesibilidad de la contratación pública y fundamentalmente persigue la mejor relación calidad-precio. Una relación, por cierto, que puede medirse en todo el ciclo de vida del bien adquirido.

En este sentido, la ley establece la obligación de diseñar unos criterios de adjudicación que incluyan criterios medioambientales, sociales e innovadores que permitan ir más allá del precio y obtener obras, suministros y servicios de gran calidad y en línea con las políticas sociales, medioambientales, de innovación en Europa y distintas regiones.

Por ello, una de las principales novedades en cuestiones ambientales es la posibilidad de transformar los impactos ambientales en valor económico e incluirlo en el cálculo de los costes de ciclo de vida de las ofertas.

Algunas novedades en detalle

En el cuerpo legal, está el artículo 145 de Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato, que señala que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida.

Dentro de los criterios cualitativos que evalúen la mejor relación calidad-precio se pueden incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato, que podrán ser, en primer lugar, la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones.

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Las características sociales del contrato se referirán al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

En segundo lugar, los criterios cualitativos se pueden relacionar con la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

Y en tercer lugar con el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.

Artículo 148 de Definición y cálculo del ciclo de vida

A los efectos de esta Ley se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de vida» de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.

El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los costes en que se incurra a lo largo del ciclo de vida de un producto, un servicio o una obra. Entre los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, están:

1.º Los costes relativos a la adquisición.

2.º Los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos.

3.º Los costes de mantenimiento.

4.º Los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado.

Y entre los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse; estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio climático.

Contexto

Con esta ley se incorporan a la legalidad española, las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Con esta normativa, la Unión Europea dio por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

 

 

2019-03-04T19:25:02+02:00 11 noviembre, 2017|