El Consejo de Ministros aprobó durante este mes el Plan Anual Normativo 2020 de la Administración General del Estado 2020 (PAN 2020), el cual está constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevean elevar cada año natural al CMIN para su aprobación. De este Plan, Laia Soriano-Montagut, de Terraqui, destaca los ejes referidos a la sostenibibilidad y al urbanismo.
A grandes rasgos, el Plan Anual Normativo 2020 se articula en cinco ejes:
- Transición digital y la transición justa, el cambio climático y la política verde
- Fiscalidad
- Cohesión social y territorial y el fortalecimiento del Estado de bienestar
- Generación y creación de empleo digno
- Reforzamiento del sistema de ciencia, de tecnología e innovación, la educación y la formación profesional, y la reforma de la función pública
Tal como se contiene en la introducción del PAN 2020, a principios de año se inició su elaboración que habría de contener las iniciativas legislativas y reglamentarias que serían elevadas para aprobación del Consejo de Ministros a lo largo de 2020, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos identificados por el programa de gobierno.
Sin embargo, la irrupción de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 alteró las prioridades políticas y normativas del Gobierno, así como la tramitación del PAN, sus previsiones, articulación y su contenido. En consecuencia, desde el mes de marzo se ha aprobado múltiple normativa con el fin de dar respuesta inmediata y urgente a la crisis sanitaria, a través de la declaración del estado de alarma, de medidas adoptadas; de sucesivos reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias adversas de la crisis en el ámbito socioeconómico. Toda esta normativa está recogida en el Anexo del PAN.
En este marco, el presente PAN 2020 recoge las iniciativas legislativas y reglamentarias que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de finalizar el año.
En concreto, el Plan contiene un total de 172 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 4 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 48 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas, y 22 serán sometidas a un análisis sobre los resultados de su aplicación una vez aprobadas.
De todas estas propuestas, el Gobierno prevé que, en el segundo semestre de este año, se remita al Congreso una modificación del artículo 49 de la Constitución, 3 proyectos de ley orgánica y 53 proyectos de ley ordinaria, y la aprobación de 114 Reales Decretos. Asimismo, se recuerda que el primer semestre se han impulsado doce proyectos de ley (tres, orgánicas), 27 Reales Decretos-ley y 100 Reales Decretos.
Pues bien, de las diversas propuestas en el PAN 2020, el presente artículo se centra en las iniciativas en materia de cambio climático, eficiencia energética en los edificios, residuos y urbanismo. A tal efecto, se destacan las siguientes:
Cambio climático
Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte.
Su objetivo es transponer el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo -introducido por la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo; se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE- estableciéndose la obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte. Los sujetos deberán cumplir con un objetivo obligatorio de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida, por unidad de combustible y de energía suministrados en el transporte, antes del 31 de diciembre de 2020, con carácter general.
Otra normativa prevista es el Real Decreto por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.
Su objetivo es regular, durante el periodo de comercio de derechos de emisión que abarca los años 2021 a 2030, los aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita anual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de las instalaciones fijas ubicadas en España sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Además, se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico algunos de los elementos de la Directiva (UE) 2018/410, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. Asimismo, se regulan las cuestiones relativas a la expedición de derechos de emisión, así como aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión a las instalaciones consideradas nuevos entrantes.
La norma está sujeta a evaluación. Se analizará, en cualquier caso:
- La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación.
- La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias o haberlo sido en menor grado.
- La sostenibilidad de la disposición, considerando los efectos de la norma no previstos directamente por ella que puedan llegar a comprometer su viabilidad futura.
- Los resultados de la aplicación de la norma, en función del criterio por el que fue sometida a evaluación.
Residuos
Ley de Residuos y Suelos Contaminados
Cabe tener en cuenta que el pasado 2 de junio de 2020 el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el borrador del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Posteriormente se sometió al trámite de información pública.
El objetivo de esta ley es transponer dos Directivas comunitarias: la primera es la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos que tiene como plazo de transposición el 5 julio 2020. Y la segunda, la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente cuyo plazo es el 3 de julio 2021.
También pretende revisar y actualizar el régimen jurídico aplicable a los residuos y a los suelos contaminados establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, la cual se deroga.
Eficiencia energética en edificios
Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Con el objetivo de transponer las obligaciones sustantivas de la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Con ello se trata de promover la eficiencia energética en los edificios, así como que la energía que estos utilicen sea cubierta mayoritariamente por energía procedente de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la edificación. Todo ello mediante la información objetiva que obligatoriamente se habrá de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones, así como conocer las posibles intervenciones técnicamente viables que permitirían la mejora de los niveles óptimos o rentables de eficiencia energética de ese edificio o de una parte del mismo.
Asimismo, se espera aprobar el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Con esta norma se quiere transponer, en lo que se refiere a las instalaciones térmicas en los edificios, la Directiva (UE) 2018/2002, la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, así como las partes relativas a instalaciones térmicas en los edificios de los artículos 23 y 24 de la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables en lo que se refiere a las instalaciones.
Planificación territorial y urbanística
En otro ámbito se plantea la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística.
El gobierno central busca resolver la problemática de las declaraciones de nulidad radical de los planes vinculadas a su consideración como Reglamentos, llenar la laguna legal existente en materia de valoraciones (cumplimiento de la jurisprudencia constitucional) y establecer una regulación uniforme de los informes sectoriales estatales que inciden en los planes de ordenación territorial y urbanística.
Concluye Soriano-Montagut que de las distintas normas citadas, la mayoría de ellas transpone directivas de la Unión Europea. Este hecho no es menor ya que pone de manifiesto la utilidad y necesidad de estar sujetos a un marco jurídico superior, en este caso europeo, que sienta las bases y garantiza la adopción de medidas por parte de los Estados Miembros, con el fin de mitigar los efectos derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero, como también de proteger el medio ambiente, la salud humana y animal y los recursos naturales.
