Del último análisis que ha realizado la OCDE sobre España se extraen varias recomendaciones relacionadas con el medio ambiente, entre ellas, invertir más en I+D+i, impulsar las inversiones respetuosas con el medio ambiente, ampliar el capital a un espectro mayor de empresas innovadoras y mejorar la calidad del trabajo, con el fin de incrementar su baja productividad.

En relación a su actual baja tasa de impuestos ambientales en el país, el organismo internacional calcula que si se equipararan los impuestos de diésel y gasolina, por ejemplo, se podría recaudar hasta 4.000 millones de euros adicionales.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) uno de los principales problemas para España es que lleva tiempo padeciendo un crecimiento muy bajo de la productividad, lo cual ha limitado el aumento de los niveles de vida. La asignación del capital hacia empresas de baja productividad y la escasez de inversión en innovación han lastrado la productividad. Esa es una de las conclusiones del estudio económico sobre España que fue presentado por el secretario general de la OCDE, Angel Gurría.

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Entre las políticas que favorecen una mejor asignación del capital y una mayor productividad, la OCDE destaca la reducción de los obstáculos regulatorios en los mercados de bienes que lastran la competencia, la promoción de mayores inversiones en I+D+i, y garantías de que el capital se dirija a un espectro más amplio de empresas innovadoras. La reducción de las barreras de entrada y la mejora de las condiciones estructurales para la creación de empresas también contribuirían a impulsar las inversiones respetuosas con el medio ambiente.

Para ello, el estudio recomienda mejorar la coordinación entre la inversión pública, la inversión bancaria y la procedente de los mercados de capitales con las necesidades de las nuevas empresas y los emprendedores. Parte de los fondos públicos para I+D podrían ofrecerse como subvenciones, y no como préstamos, a fin de que la financiación pública apoye a las empresas en su etapa inicial de desarrollo, cuando la financiación del mercado es más escasa. Asimismo, es necesario mejorar el marco regulatorio para potenciar mejor la competencia y reformar las leyes de insolvencia a fin de permitir una circulación del capital más ágil y menos costosa.

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La OCDE también ha destacado que el sistema tributario se caracteriza por la existencia de vacíos legales que menoscaban la base fiscal. Los ingresos procedentes de impuestos ambientales han disminuido en términos reales desde el año 2000.

Transporte por carretera

España cuenta con un margen de actuación considerable para conseguir que su sistema tributario resulte más respetuoso con el medio ambiente, ya que los ingresos por impuestos ambientales en proporción al PIB son bajos en comparación con la mayoría de países de la OCDE. Hay margen para elevar los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, los cuales se encuentran por debajo del promedio de la OCDE.

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Asimismo, la tributación por cada litro de diésel es menor que la que se aplica a la gasolina, lo cual anima a los consumidores a comprar vehículos diésel, a pesar de que generan más emisiones de CO2 por litro que los de gasolina, y emiten más agentes contaminantes del aire por kilómetro que resultan perjudiciales para la salud. El Gobierno debería incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles cuando menos equivalentes a los del litro de gasolina, y debería elevar aún más el precio del diésel si las diferencias en los costes de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles. Según simulaciones existentes, podría conseguirse una recaudación adicional de 4.000 millones de euros al equiparar la tributación del diésel en términos energéticos a la gasolina.

Exenciones de tributación medioambiental

Por su parte, los estudios realizados por la OCDE muestran que es poco probable que el precio del carbono afecte la competitividad de las empresas afectadas; además, el aumento de los precios de la energía no da lugar a impactos distributivos especialmente profundos. Asimismo, existe margen para reducir las exenciones a fin de ampliar la base de la tributación medioambiental, ya que algunos usuarios de los sectores de la agricultura, minería, aviación, navegación y transporte ferroviario están exentos de los impuestos sobre los combustibles o de los impuestos especiales sobre la electricidad.

Conseguir un crecimiento más respetuoso con el medio ambiente

Durante la última década, España ha reducido la intensidad en términos de CO2, energía y recursos de su economía a pesar de la crisis financiera y la recesión, y ha ampliado de manera significativa las áreas naturales protegidas. No obstante, sigue afrontando importantes presiones medio ambientales.

El país tiene como objetivo reducir para el año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero no relacionadas con el régimen de comercio de derechos de emisión en un 10% con respecto a los niveles de 2005. Conseguir que el sistema tributario sea más respetuoso con el medio ambiente, en lo cual se ha avanzado poco ayudaría a alcanzar este objetivo.

En ese sentido, según la OCDE el estado español sigue teniendo menos éxito que muchos otros países a la hora de hacer uso de los residuos, ya sea mediante su reciclaje o la recuperación de energía a través de su incineración; los vertederos siguen siendo el principal método de tratamiento de los residuos municipales y su proporción ha aumentado en los últimos años.

Elevada tensión hídrica

Asimismo, España cuenta con uno de los niveles más elevados de tensión hídrica de la OCDE, debido en parte al elevado uso del agua en los sistemas de regadío agrícolas. En algunas comunidades autónomas, sobre todo en la zona sur en donde la agricultura de regadío es un sector clave, una proporción importante de aguas subterráneas se encuentran en riesgo de sobreexplotación y las escorrentías agrícolas están dañando la calidad de las aguas subterráneas, contribuyendo a la degradación de los ecosistemas, incluidos importantes humedales.

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El precio del agua

En tanto, el bajo precio del agua en el país ha promovido una deficiente asignación del capital en el sector agrícola hacia usos poco productivos y muy intensivos en recursos hídricos, lastrando la productividad. Un aumento de los incentivos de precios en el uso del agua, incluido un régimen eficiente de comercio del agua y un sistema de precios eficiente, tal y como se recomendaba en el Estudio Económico de España de la OCDE de 2010, ayudaría a generar incentivos para utilizar tecnologías de ahorro de agua de manera más generalizada en la producción agrícola. Las recientes medidas temporales introducidas en virtud de un decreto ley en 2015 en respuesta a la sequía, que incluyen la autorización a vender derechos sobre recursos hídricos a un conjunto más amplio de usuarios así como la venta de los derechos no utilizados en el año anterior, van en la dirección correcta y deberían hacerse permanentes. Asimismo, una fijación más acertada del precio del agua que refleje con mayor precisión todos los costes implicados en el abastecimiento de los servicios hídricos contribuiría a mejorar la eficiencia en su uso.

Pocas actividades de I+D

El volumen de actividades de investigación y desarrollo para mejorar el medio ambiental en España es relativamente bajo. En gran medida, las políticas para potenciar la innovación y la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente son las mismas que las que promueven la innovación y el crecimiento general de las empresas. Sin embargo, las propias políticas ambientales – si cuentan con el diseño adecuado – pueden aportar incentivos fundamentales a las industrias verdes y potenciar la inversión en tecnologías con bajas emisiones de carbono.

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El Gobierno debe seguir promoviendo la entrada de nuevas empresas con tecnologías más respetuosas con el medio ambiente mediante la reducción de las barreras de entrada y la mejora de las condiciones estructurales para las inversiones verdes. Asimismo, la aplicación de normas de regulación más estrictas también puede desempeñar un papel destacado.

Desempleo y calidad del trabajo

La recuperación económica en España está en marcha, ha dicho la OCDE, pero sigue siendo difícil conseguir un crecimiento más inclusivo, que se lograría con la reducción del desempleo y la mejora de la calidad del trabajo, entre otros aspectos.

Tras haber experimentado una recesión profunda, la economía española disfruta de una sólida recuperación mientras las reformas estructurales contribuyen a mantener unas altas tasas de crecimiento y un descenso gradual del desempleo.

Sin embargo, el estudio apunta que la reducción del desempleo sigue siendo una prioridad fundamental. Para ello es vital la mejora de las habilidades de los desempleados, la ampliación de los programas de formación y el refuerzo de los servicios de inserción laboral, en especial para los más jóvenes y los desempleados de larga duración. Asimismo, la mejora de la enseñanza y formación profesionales también tendrá un efecto directo en la productividad y en conseguir una mejor adecuación de las habilidades a las necesidades del mercado laboral.

El informe, además, pone de manifiesto el limitado papel desempeñado por las transferencias a la hora de reducir las desigualdades y ayudar a quienes más lo necesitan. Asimismo, “es indispensable que España amplíe la cuantía y la cobertura de los programas de renta mínima de inserción de las Comunidades Autónomas así como las ayudas económicas para familias con hijos a fin de reducir la pobreza. Y lo mismo sucedería con medidas de reforma tributaria como el aumento de los impuestos medioambientales, que permitiría incrementar los ingresos para destinarse a políticas generales orientadas a conseguir una sociedad más inclusiva, al tiempo que se frena la contaminación”, ha concluido.

Estudios Económicos de la OCDE, España, Marzo 2017, Visión General.

 

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