Los sectores prioritarios en la contratación pública ecológica

Aprobado por el Consejo de Ministros del 31 de enero el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado (2018-2025) se considera un instrumento de impulso del crecimiento económico, desde el planteamiento de una economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora. Una vía de implementación de diversas políticas y estrategias ambientales de la UE.

Roser Puig Marcó, de Terraqui, en su análisis explica que el Plan es de aplicación por la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la contratación pública de los bienes, obras y servicios que la UE considera prioritarios.

A saber, el Plan define a la contratación pública ecológica como el “proceso a través del cual las autoridades adquieren bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, obras y servicios con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar”.

Algunos objetivos de este programa, que también pretende una mayor participación de las pymes, son los siguientes:

→Promover la adquisición por la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible.

→Servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular.

→Garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos.

→Promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública.

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Áreas prioritarias

El Plan clasifica los bienes, obras y servicios prioritarios en los veinte grupos siguientes:

(1) alimentación y servicios de restauración;

(2) iluminación interior de edificios;

(3) alumbrado público exterior y semáforos;

(4) aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el sector de la asistencia sanitaria;

(5) calefactores a base de agua;

(6) diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas;

(7) diseño, construcción y mantenimiento de carreteras;

(8) electricidad;

(9) equipos de impresión;

(10) eventos;

(11) grifería sanitaria;

(12) inodoros y urinarios de descarga;

(13) mobiliario y paneles murales;

(14) ordenadores y monitores;

(15) papel para copias y papel gráfico;

(16) productos textiles;

(17) productos y servicios de jardinería;

(18) productos y servicios de limpieza;

(19) sistemas combinados de calor y electricidad y sistemas de climatización y

(20) transporte.

Con el fin de lograr los referidos objetivos, el Plan incorpora una tabla con los criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que pueden ser tenidos en cuenta por los órganos de contratación para estos veinte grupos de bienes, obras y servicios. Asimismo, se indica que estos pueden asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE.

La contratación pública ecológica introduce criterios para la selección de empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, conocido como EMAS, o para la valoración de la vida útil larga de los productos, en detrimento de aquellos con obsolescencia programada, entre otros criterios generales de actuación listados en el punto quinto del plan.

En el intento de reducir su huella de carbono, la Administración entiende necesario que, en el proceso de contratación, se incluya un criterio de adjudicación que valore la inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo) o esquema similar. Este registro garantiza que la organización no solo calcula las emisiones derivadas de su actividad, sino que también tiene en marcha un plan de reducción.

En el plazo de un año, los departamentos ministeriales, los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social establecerán un marco de actuación en el que se establezcan los objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados en el período de duración del plan.

 

2019-03-04T19:17:27+02:00 20 febrero, 2019|