Las fábricas, las centrales eléctricas, la ganadería intensiva y las refinerías producen más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
La campaña Clean the Industry, lanzada el 1 de febrero de 2021 por una coalición de expertos legales, ambientales y de salud, insta a la Comisión Europea a fortalecer la Directiva de Emisiones Industriales (IED), que determina los techos de emisión para más de 50.000 instalaciones industriales en toda la UE, y ponga un freno a las emisiones tóxicas y devastadoras del clima, así lo explica Roberta Arbinolo, de la Oficina Ambiental Europea (EEB).
Desastre de fabricación
Desde las fábricas hasta las centrales eléctricas, la ganadería intensiva y las refinerías, el sector industrial es responsable de aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y del 75% de la producción de residuos peligrosos.
Las actividades industriales a gran escala también son un importante factor de contaminación del aire, que causa 412.000 muertes prematuras en Europa cada año. Los datos proporcionados por la industria también muestran que estas instalaciones, especialmente las centrales eléctricas de carbón, liberan alrededor de 4.600 toneladas de metales pesados por año en el aire, el agua y el suelo, incluido el arsénico venenoso, el plomo y el mercurio.
La Directiva sobre emisiones industriales tiene como objetivo reducir las emisiones, promover la eficiencia de los recursos y restringir el uso de productos químicos peligrosos mediante el establecimiento de estándares para diferentes actividades industriales, las denominadas Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
Imagen de la Oficina Ambiental Europea (EEB).
Lagunas y excepciones en la Directiva, en consulta pública
Sin embargo, la directiva no está ayudando a descarbonizar la industria, mientras que las lagunas y las excepciones han obstaculizado su capacidad para frenar las emisiones tóxicas y abordar la contaminación transfronteriza. Esto significa que a los operadores industriales se les ha permitido contaminar a niveles peligrosos, a expensas de las personas y la naturaleza.
Ahora que la Comisión Europea abre una consulta pública sobre la actualización de la directiva, los activistas piden a los responsables políticos que la adapten a la lucha climática y a un medio ambiente no tóxico, e invitan a los ciudadanos europeos a firmar la petición y hacer oír su voz.
Pactos sucios
La falta de un límite a las emisiones industriales no es el único defecto de la Directiva sobre emisiones industriales. Las infracciones, derogaciones y excepciones a las normas de contaminación industrial a escala continental son la prueba de que el IED actual no es lo suficientemente estricto.
En Polonia, la central eléctrica de Pomorzany sigue funcionando después de la fecha límite establecida por su permiso, mientras que las autoridades hacen la vista gorda en lugar de cerrarla.
Por su parte, Alemania acaba de permitir que una nueva planta de energía de carbón se ponga en funcionamiento en Datteln, sin cuestionar la idoneidad de la tecnología, ni considerar los recursos renovables disponibles como posibles alternativas.
En Eslovenia, el sistema de monitoreo nacional produce informes de emisiones poco realistas e inexactos, mientras que las autoridades búlgaras están pasando por alto la IED para permitir que las instalaciones industriales operen en incumplimiento de los límites de contaminación.
En Rumania, las multas impuestas a los operadores de plantas de carbón por infringir la ley son demasiado bajas para disuadir las violaciones, mientras que en Taranto, Italia, las disposiciones de la IED han demostrado ser insuficientes para proteger a los trabajadores y residentes de los impactos catastróficos para la salud de la fábrica de acero de Ilva.
De manera más general, la excesiva flexibilidad y las vagas obligaciones legales de la directiva dejan un margen de discrecionalidad excesivo a las autoridades nacionales cuando se trata de otorgar permisos industriales y hacer cumplir la ley.
Para remediar estas fallas, las organizaciones ambientalistas exigen que la normativa europea sea revisada e incluya nuevas reglas de contaminación cero para fábricas y plantas de energía que obliguen a los operadores a limitar sus impactos en el aire, el agua y los recursos naturales.
