La hora política: los deberes climáticos de España y la UE

Dado el resultado modesto de la COP25 es imprescindible avanzar como partes responsables de la lucha contra el cambio climático. Tanto en España -con un inmovilizado anteproyecto de Ley de Cambio Climático- como en la UE -con un Pacto Verde Europeo en ciernes- se espera que las entidades políticas tomen cuanto antes las decisiones que permitirán a los territorios luchar efectivamente contra el calentamiento global.

Según el informe del ministerio para la Transición Ecológica “Perfil Ambiental de España 2018”, en 2017 se emitieron en España 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que supuso un incremento de las emisiones totales del 4,2 % en relación con las de 2016. Esta subida tuvo su origen principalmente en las escasas precipitaciones del año, que fue especialmente seco (segundo más seco desde 1965), lo que dio lugar a una reducción de la electricidad de origen hidráulico (su producción disminuyó un 49%) y a una mayor demanda de combustibles fósiles en el mix energético (centrales de carbón y ciclos combinados) y, por tanto, un aumento de emisiones de CO2.

En su reciente análisis Alexandra Farbiarz Mas, de Terraqui, sostiene que para poder alcanzar los objetivos de descarbonización quedan pendientes de aprobación importantes iniciativas políticas y legislativas actualmente en fase de espera habida cuenta que sigue sin haberse constituido nuevo Gobierno en España.

Se trata de las “piedras angulares” para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

El anteproyecto de Ley Cambio Climático y Transición Energética contempla en su artículo 3 alcanzar una reducción en 2030 de al menos un 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del conjunto de la economía española respecto a las de 1990, y de un 90% en 2050. Además, en ese mismo año, el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.

Habrá que ver si finalmente se logra formar Gobierno para poder llevar a cabo estas políticas y las normativas porque, de lo contrario, estamos llegando tarde para la consecución de muchos de los objetivos ambientales que deberemos pagar por incumplimiento ante la UE. Y lo más preocupante es que cada vez que se posponen este tipo de decisiones, se aumentan exponencialmente los efectos derivados del cambio climático.

Las emisiones de generación de electricidad las que más han aumentado

En el balance global de emisiones en España, la participación de los principales sectores, por orden de magnitud de su contribu­ción, ha sido la siguiente: transporte (26% del total y un incremento del 3,1% respecto al año anterior), generación de electricidad (20% y un incremento del 16,9% respecto a 2016), actividades industriales (19% y un incremento del 7,1% respecto al año 2016) y la agricultura (12% y un incremento del 3,1% respecto al año anterior). Como viene siendo habitual, más del 80% de los GEI fueron CO2, seguido del metano (aportación del 12%).

España generó en 2017 el 7,9% de las emisiones totales de la Unión Europea, siendo el sexto país con más emisiones por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia. Estos seis países en conjunto emitieron casi el 70% de todas las emisiones de la UE.

Por si parte, el Resumen de las políticas y medidas nacionales notificadas sobre la mitigación del cambio climático en Europa en 2019 de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (Eionet), presenta una visión general de la información sobre las políticas y medidas nacionales para la mitigación del cambio climático, comunicada en 2019 por los Estados miembros a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en virtud del Reglamento 525/2013, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la UE las emisiones se han reducido, en cambio

Según este informe, en 2017, los Estados miembros de la UE habían reducido sus emisiones en más de un 22% con respecto a los niveles de 1990. Según sus propias previsiones, los Estados miembros esperan que las políticas y medidas actuales puedan dar lugar a una reducción del 30% de aquí a 2030, en comparación con 1990, mientras que las políticas y medidas adicionales previstas podrían dar lugar a una reducción del 36 % de aquí a 2030. No se alcanzaría aún el objetivo de la UE previsto mediante el European Green Deal (Pacto Verde Europeo) que quiere alcanzar una reducción de emisiones del 40% de aquí al 2030, ni mucho menos al nuevo objetivo de llegar a una reducción del 55% anunciado por la nueva presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen durante la COP25.

El Pacto Verde Europeo prevé, en el gran apartado de “Acción por el Clima: Descarbonización de la economía”, la adopción de medidas legislativas que incluyen:

  • La revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE).

  • Determinar objetivos nacionales de emisiones en los sectores que no entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Estos sectores, en particular el transporte, la construcción, la agricultura, la industria no relacionada con el RCDE y la gestión de los residuos, representan casi un 60% del total de las emisiones de la UE.

  • Integración del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en los esfuerzos de reducción de las emisiones.

  • Legislación sobre energías renovables, eficiencia energética y gobernanza de la Unión de la Energía.

 

2019-12-20T10:15:54+01:00 16 diciembre, 2019|