La degradación del medio ambiente y la acción climática en los presupuestos

En un análisis reciente UGT advierte que la partida presupuestaria para la prevención de la contaminación y el cambio climático, ya mermada en ejercicios pasados, cae en un 46% lo que dificultará cumplir con los compromisos internacionales enmarcados en el Acuerdo por el Clima de París.

El presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para 2017 se sitúa en 9.480,5 millones de euros, 285 millones de euros menos –esto es un 3%- que en 2016, indica la Unión General de Trabajadores (UGT).

Por lo tanto, es de lamentar, dice UGT, que las partidas presupuestarias destinadas a las políticas medioambientales se vean recortadas, afectando a importantes programas como la gestión e infraestructuras del agua, la calidad del agua, la protección y mejora del Medio Ambiente y del Medio Natural, la actuación en la costa y las acciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.

Para el sindicato, “es inadmisible el descenso de la partida presupuestaria para la prevención de la contaminación y el cambio climático en casi un 46% respecto al ejercicio anterior (con el agravante de que este programa ya acumulaba cerca del 60% de disminución entre 2011 y 2014), puesto que dificultará los compromisos internacionalmente adquiridos a través de la entrada en vigor del Acuerdo de París en nuestro país el 11 de febrero de 2017 y entorpecerá los mecanismos que integren una adecuada política de inversiones que generen empleos decentes y de calidad”, señala en su nota.

Detalle de los recortes

Gestión e infraestructuras del agua

La partida 452A disminuye un 9%, pasando de 1.275,1 millones de euros en 2016 a 1.165,9 millones en 2017. Este programa tiene como objetivos inversiones en nuevas infraestructuras y modernización de las existentes, seguridad y mantenimiento de las infraestructuras y actuaciones para prevención, gestión del Dominio Público Hidráulico y actuaciones para la prevención y minimización de riesgos derivados de las situaciones de sequías e inundaciones. Siendo los órganos encargados de su ejecución y seguimiento la Dirección General del Agua y los Organismos Autónomos de las Confederaciones.

Calidad del agua

El Programa 456A pasa de 218,3 millones de euros en 2016 a 182,2 millones en 2017 con una caída de un 12%. Con el agravante de que ya acumulaba, entre 2011 y 2014, una reducción del 47%. Dicha parrida responde a objetivos de mejora del estado de depuración de las aguas residuales, de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados; al mantenimiento, conservación y protección del patrimonio medio ambiental; y a la mejora de la gestión. Los órganos encargados de su ejecución y seguimiento son los servicios de la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar, Segura, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Miño-Sil y Cantábrico.

Protección y mejora del medio ambiente

El Programa 456B disminuye un 10%, pasando de 18,5 millones de euros en 2016 a 16,5 millones para 2017. De este apartado dependen actuaciones relacionadas con la evaluación ambiental, calidad del aire y medio ambiente industrial (con seis líneas de trabajo), y la prevención y gestión de los residuos y suelos contaminados. Este programa lo gestiona la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, perteneciente a la dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Protección y mejora del medio natural

El Programa 456C cae un 13%, pasando de 195,3 millones de euros en 2016 a 170,3 millones para 2017. Comprende actuaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, que se ocupa de la Política forestal del Ministerio, la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural y se encarga de la conservación y mejora del medio natural y la biodiversidad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales de la Red de Parques Nacionales.

Actuación en la costa

Por su parte, la partida del Programa 456D disminuye un 6%, pasando de 90,2 millones de euros en 2016 a 84,9 millones en 2017. A lo que hay que sumar la importante reducción presupuestaria que arrastra, un 60% entre 2011 y 2014. Éste se dirige principalmente a actuaciones de protección y conservación del litoral; recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por los ciudadanos; planificar, conservar, proteger y mejorar el medio marino; y asegurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre. Sus objetivos los gestiona la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Prevención de la contaminación y el cambio climático

La partida 456M, a su vez, disminuye casi un 46%, pasando de 50,8 millones de euros en 2016 a 27,6 millones en 2017, pero además hay que reseñar que este programa acumula cerca del 60% de disminución entre 2011 y 2014. Incluye este programa acciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.

Problemas pendientes

Para UGT, con este recorte en todas las partidas es insostenible que el Ministerio pueda dar solución a ejecuciones tan importantes como la prevención y gestión de riesgos de sequías e inundaciones que afectan a distintas cuencas hidrográficas, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población española vive en zonas de alto riesgo de inundación.

Difícilmente se podrá mejorar “el estado de calidad de las aguas y ecosistemas asociados cuando nuestro país no cumple con los objetivos de estándares de depuración en numerosos núcleos de población del conjunto del territorio nacional, así como con las exigencias de la Comisión Europea en cuanto al fomento de la reutilización de las aguas residuales”, señala.

Se afecta también la conservación y protección del Patrimonio de Medio Ambiente en cuanto a las actuaciones dirigidas a la adecuada gestión del dominio público hidráulico, al control de los caudales ecológicos o al control y vigilancia de vertidos.

Otro problema postergado es la prevención y gestión de los residuos y suelos contaminados ya que requiere la implementación de una política en residuos, encaminada a la prevención, reutilización y el reciclaje para alcanzar una economía circular.

También queda pendiente la adaptación y mitigación al cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos a los que se enfrenta nuestro país por su ubicación geográfica y climática tan vulnerable a los efectos del cambio climático. Además de lograr el impulso ineludible que requiere nuestra actividad productiva en el marco de una economía baja en carbono, a través de una transición justa en estrategias de apoyo a políticas industriales o sectoriales, protección social específica, reactivación económica de zonas afectadas con intervención e inversiones públicas, y adecuación de la formación y capacitación de los colectivos laborales afectados.

2017-05-21T11:26:32+00:00 11 mayo, 2017|