Durante el mes de abril, España ha sido notificada por la Comisión Europea por cuatro incumplimientos con la normativa legal europea. Este país debe adecuarse al Derecho de la UE, corrigiendo las cláusulas contracturales abusivas en ejecución hipotecaria; la desprotección de la naturaleza en la comarca de Doñana y la falta de libertad en la contratación de trabajadores portuarios. Además, la Comisión pide a España que ratifique la adhesión de la Unión Europea al Convenio Internacional de Eurocontrol en materia de transporte. Así lo dio conocer Bruselas en una nota informativa.
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Doñana, zona de montes públicos de Almonte, imagen de telsaz en WWF España.
Incumplimientos españoles
En el ámbito de naturaleza y el agua, la Comisión Europea insta a España a intensificar la protección de la naturaleza en la comarca de Doñana. Ello, debe “poner fin al deterioro de los hábitats naturales en la zona alrededor del Parque Nacional de Doñana —que alberga varios lugares de la red Natura 2000— debido principalmente a la sobreexplotación de los acuíferos, un sustrato de roca porosa que alimenta los humedales. Doñana acoge una biodiversidad única en Europa, caracterizada por una gran variedad de ecosistemas que constituyen el hábitat de algunas especies en grave peligro de extinción, como el águila imperial española o el lince ibérico, y ofrece cobijo a miles de aves migratorias. La sobreexplotación de los acuíferos está provocada por las intensas labores de regadío y la demanda de las instalaciones turísticas.
Aunque la Directiva sobre hábitats naturales (Directiva 92/43/CEE del Consejo) no excluye las actividades humanas en los espacios de la red Natura 2000, exige a los Estados miembros tomar medidas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies de las zonas especiales de conservación. La evaluación de la Comisión ha puesto de manifiesto que las autoridades españolas tampoco han respetado la legislación sobre aguas de la UE (Directiva 2000/60/CE), impidiendo de este modo la gestión sostenible de los recursos hídricos en la comarca de Doñana. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en octubre de 2014. Dado que persisten los incumplimientos, el ejecutivo europeo ahora envía ahora un dictamen motivado. España tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.
Hipotecas
En cuanto a consumidores, la Comisión Europea pide a España que ponga en consonancia con la normativa legal, referida a consumidores, su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. La actuación de la Comisión pretende garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas. La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (Directiva 93/13/CEE del Consejo) garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.
Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los países deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas. Si bien, el ejecutivo europeo reconoce las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia del TJUE en el asunto de Mohamed Aziz (C-415/11), de marzo de 2013, le siguen preocupando una serie de cuestiones. En ausencia de una respuesta satisfactoria de España en el plazo de dos meses, la Comisión podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas.
Trabajadores portuarios
En materia de movilidad y transporte, la Bruselas lleva a España ante el TJUE por segunda vez por el incumplimiento de una sentencia anterior de este relativa a la libertad de establecimiento en los puertos españoles (sentencia de 11 de diciembre de 2014 en el asunto C-576/13). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, al imponer a las empresas que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de esta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, incumple las obligaciones que establece el artículo 49 del TFUE. Hasta la fecha, España no ha resuelto de forma adecuada los problemas determinados en la sentencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, la Comisión Europea ha decidido llevar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014. La Comisión invita a España a emprender rápidamente las reformas necesarias para cumplir esta sentencia. De lo contrario, el Tribunal de Justicia puede decidir imponerle sanciones financieras.
En otro orden, Bruselas pide a España, Croacia y Alemania que ratifiquen la adhesión de la Unión Europea al Convenio Internacional de Eurocontrol.
Otros países que no cumplen en medio ambiente
En la nota de la Comisión se describen los incumplimientos en el mes de abril por parte otros estados miembros. Por ejemplo, lleva a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la UE por la contaminación del agua causada por los nitratos. Asimismo, lleva a Polonia ante el TJUE en relación con una evaluación inadecuada de las perforaciones mineras exploratorias
En tanto, la Comisión insta a Austria a garantizar que la nueva central hidroeléctrica Ferschnitz no afecta a las especies protegidas que habitan en un espacio Natura 2000.
Asimismo, Bruselas demanda a Francia que adopte la legislación de la UE sobre la contaminación química de las aguas. Solicita a Croacia que adopte medidas en materia de gestión y prevención de residuos. A Irlanda le pide que intensifique las medidas de protección de la naturaleza.
Además, la Comisión insta a Eslovenia a limpiar los vertederos y a Alemania y Polonia a aplicar la normativa de la UE en materia de prevención de accidentes industriales.
Faltas en Energía
En cuanto a energía renovable, la Comisión ha remitido a Portugal un dictamen motivado, instando a este Estado miembro a garantizar la plena conformidad de su legislación en materia de biocarburantes con la Directiva sobre energías renovables (Directiva 2009/28/CE).
En relación al mercado interior de la energía, la Comisión insta a Alemania a cumplir plenamente el tercer paquete energético. A través de un dictamen motivado, le pide que garantice la correcta aplicación de la Directiva de la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y la Directiva del gas (Directiva 2009/73/CE).
En otro asunto, Bruselas pide a Dinamarca la plena transposición de la Directiva de la UE sobre eficiencia energética. Y sobre energía nuclear, solicita a Letonia la plena transposición de la Directiva sobre residuos radiactivos.
Pero también la Comisión insta a Alemania y Rumanía a transponer la Directiva sobre la seguridad en alta mar.
Movilidad y transporte
Sostiene, la Comisión que protege el mercado único de la UE y actúa contra la discriminación de los conductores de otros Estados miembros en Alemania y el Reino Unido.
En términos de derechos de los pasajeros, Bruselas pide a Bélgica que aplique correctamente las normas para los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables.
En cuanto a transporte ferroviario, la Comisión lleva a los Países Bajos ante el TJUE por incumplimiento de las normas de seguridad e interoperabilidad. A su vez, insta a Polonia a incorporar plenamente la legislación de la UE sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario. Y pide también al Reino Unido que transponga la Directiva por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.
Fiscalidad
La Comisión insta a Alemania a modificar sus normas del IVA en relación con el transporte transfronterizo de viajeros por carretera y solicita a Francia que elimine la discriminación en materia de imposición de dividendos cuya fuente sean otros Estados miembros de la UE.
Otras materias
Sobre el mercado único digital, la Comisión pide a Bélgica, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Portugal que apliquen las normas actualizadas de la UE sobre la reutilización de la información en poder de las Administraciones.
En el campo de los servicios financieros, el ejecutivo solicita a Bélgica, Letonia, Países Bajos y Eslovaquia que apliquen la legislación europea sobre requisitos prudenciales de las entidades de crédito y de las empresas de inversión. Además insta a Bélgica y Eslovenia a que apliquen la normativa legal sobre reestructuración y resolución bancarias.
