Energía prevé un fuerte incremento en el gas para 2030

Durante la primera semana de abril, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recibió de manos del presidente de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, Jorge Sanz, el informe final sobre los diferentes escenarios que pueden condicionar el mix energético en España.

En los últimos seis meses, el grupo “analizó posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico”. También cuantificó algunas propuestas regulatorias por sus efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el coste económico de la energía consumida, sirviendo estos cálculos de base “para una discusión objetiva de los efectos de las distintas alternativas de política energética”, declara el ministerio.

Alvaro Nadal y Jorge Sanz

Alvaro Nadal y Jorge Sanz

Cabe destacar que una de las proyecciones, llamada de “caso base”, que se observan en el informe es el fuerte incremento del gas en el mix energético (con cerca de un 45%) y las subidas, algo más moderadas, en la energía nuclear y la fotovoltaica hacia 2030.

Mientras que para 2050, la transición para estos expertos sería avanzar hacia un mix cuyo 25% va a provenir de combustible fósil y el otro 75% estará repartido entre biomasa, biodiesel, eólica y solar.

transicion energetica en España

Falta de ambición hacia 2030

Con la publicación de este documento surgieron algunas críticas: mientras el sector automotor alertaba, con mucha repercusión mediática, sobre la recarga fiscal para los coches diésel, la Fundación Renovables (FR)  señala que este informe“no aporta el compromiso y concreción que la Transición Energética requiere”, antes al contrario, diluye sus propias propuestas con “excesivos condicionantes”.

La FR considera “sorprendente” que los expertos no hayan tenido en cuenta en sus escenarios diseñados la influencia que puede ejercer el comportamiento del consumidor en la transición energética. Además, sostiene que “no es de recibo que, con la extrema volatilidad que hemos tenido en el sector energético en los últimos 10 años, los expertos no hayan sido capaces de incluir en las quinientas páginas ni una línea sobre la necesidad de erradicar la inseguridad jurídica de la regulación y revertir los daños que dicha inseguridad ha causado”.

Por tanto, la Fundación estima que el informe “carece de ambición en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050”.

Fiscalidad

No obstante, en el plano positivo, la FR destaca “la importancia que se le da a la fiscalidad como herramienta de este proceso, fijación de un precio mínimo para el CO2, incremento de la fiscalidad de los carburantes y corrección de los desequilibrios existentes”. Sin embargo, matiza, el documento “tampoco detalla y concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas”. También valora “positivamente” que se pida la supresión del coloquialmente conocido como impuesto al Sol, “que dificulta, junto con otros elementos restrictivos del RD 900, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país”.

Complicado lograr el 27% renovable

En cuanto a los objetivos renovables, la FR se manifesta sorprendida de que los expertos consideren “complicado” lograr el objetivo del 27% de cobertura de la demanda final con energías renovables en el año 2030. Destaca que en el análisis, solo se sitúan por encima de ese guarismo en sus dos escenarios estrella: Transición Sostenible: 28,4%; Generación Distribuida: 29,7%. Ambos quedan en todo caso muy lejos de la propuesta del Parlamento Europeo del 35%, y a años luz del 50% que plantea la Fundación Renovables en su propuesta, 50% que la Fundación considera perfectamente alcanzable.

Por otro lado, el aporte renovable en generación de electricidad en los archipiélados -en las islas Canarias un 23% y Baleares un 13%- la FR lo califica de “ridículos”. En las islas “se dan las condiciones para ser mucho más ambiciosos”.

Tecnologías

A su vez, agrega la entidad, “no tiene sentido que la eólica solo vaya a contar con 3.323 MW adicionales 10 años después de las subastas cuando solo la necesaria repotenciación puede multiplicar por tres esa cantidad”. En ese sentido, la FR lamenta que el informe considere que “una elevada potencia renovable es un riesgo para el sistema”, lo que recuerda a amenazas de tiempos pasados que el tiempo demostró injustificadas.

Reparto de las primas renovables

Por otra parte, “aunque los expertos reconocen la necesidad de electrificar la demanda no fijan objetivos, lo que convierten este deseo en una simple declaración de intenciones”, afirma la FR. El informe coincide con la propuesta de la Fundación Renovables, planteada desde su creación, de que las primas de las renovables deben ser pagadas por todos los vectores energéticos, pero no comparte en absoluto la otra posibilidad que plantean los expertos —que no se decantan por ninguna— que es su traslado a los Presupuestos Generales del Estado“.

Nuclear

El think tank renovable reclama el cierre nuclear al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento, mientras que los escenarios estrella de la Comisión contemplan la actividad de hasta 7.117 megavatios de potencia nuclear en 2030. Los expertos, eso sí, reconocen que es insuficiente la tasa sobre residuos, pero no mencionan cual es la solución para poder financiar el cierre, tratamiento de residuos y desmantelamiento de las centrales nucleares.

Según la fundación, “la apuesta nuclear del Informe no cuantifica esa tasa ni señala cuáles son los costes para mantener competitiva a esta tecnología en relación con las renovables, pero recoge las tesis del ministro de Energía de que su cierre supondría un aumento de la tarifa eléctrica de 2.000 o 3.000 M€ y justifica la apuesta por el hecho de no emitir CO2 sin referencia al problema medioambiental de los residuos ni del riesgo de dichas instalaciones. Sorprende la consideración de potencia firme y gestionable 100% que se le da a la generación nuclear”.

Respecto a la movilidad, también se echa de menos “una cuantificación de la penetración del vehículo eléctrico y, en general, una profundización en el desarrollo de la movilidad sostenible en el ámbito urbano”.

En cuanto al sector residencial: “las propuestas son mínimas pese a reconocer el desastre que supone que el 85% del parque inmobiliario de nuestro país tienen una calificación energética peor que la letra E. Solo hay una apuesta por un nuevo código de edificación y obligatoriedad del certificado energético, pero sin medidas específicas”, dice la fundación.

Sobre pobreza energética, el informe mantiene el bono social (La FR propugna una tarifa social) y “reclama difusión e información para que sea efectivo y aunque reconocen el mal estado de las viviendas no hay propuestas concretas”.

Según Hector de Prado, de Amigos de la Tierra “a grandes rasgos, los expertos vienen a decirnos: alarguemos la nuclear (a pesar de los costes desorbitados y el riesgo que conlleva), mantengamos un poco más el carbón (aunque sea una tecnología obsoleta), y metamos más renovables de ahora a 2030, eso sí, con el gas natural colgado del bracito (más infraestructuras que financiar y amortizar). El ministro debe estar bastante complacido, sin duda. Las organizaciones ecologistas no tanto: si ésta es la base para que el Gobierno redacte el borrador de Plan Integrado de Clima y Energía que la nueva regulación europea de Gobernanza nos exigirá para finales de año, apaga y vámonos”.

Falta de independencia

Cabe señalar que la constitución de la Comisión fue criticada en su momento por ostentar una mayoría no independiente del actual Ejecutivo así como por la inexistente participación de expertas. Sus catorce miembros han sido Luis María Atienza, exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y expresidente de Red Eléctrica de España (REE); Miguel Duvisón, director general de operación de REE; Oscar Lapastora, expresidente de Carbunión; Guilermo Ulacia, de la CEOE; Javier Arana: exsubdirector general de Energía Nuclear, Diego Rodríguez Rodríguez, exconsejero de la CNMC; Jorge Aragón Medina de Comisiones Obreras; Cristóbal José Gallego, elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, propuesto por el PNV; Pedro Linares designado por Ciudadanos; Josep Sala i Prat, designado por ERC; José Luis de la Fuente O’Connor, de la Universidad Politécnica de Madrid; Ignacio Granjel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal y Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas y asociado de Nera Economic Consulting. El informe recibió la aprobación de 11 expertos y la abstención de 3.

Este documento será presentado para una ponencia en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Transición energetica, por Tecnologias

Informe Análisis y propuestas para la descarbonización (descarga).

 

2018-04-11T08:57:15+02:00 9 abril, 2018|