EMERGENCIA: Ejecutivo promete la neutralidad climática para el 2050

El Gobierno español declara que enviará a las Cortes, la sobre-anunciada Ley de Cambio Climático en los primeros cien días y se compromete a implementar un programa de bonos verdes del Tesoro Público, a alinear las inversiones públicas con el Acuerdo de París y no dar nuevos beneficios fiscales a combustibles fósiles.

En plena actuación de la borrasca Gloria, el Consejo de Ministros aprueba el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.

Entre estas, señala que remitirá al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático, definirá la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

También se debe, agrega, al consenso de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Ello, en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como advierte el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global. El Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea es otro elemento impulsor.

Hay que señalar que el acuerdo responde a la voluntad expresada por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al gobierno a declarar la situación de emergencia climática.

Compromisos para los primeros cien días

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:

  • Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
  • Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
  • Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
  • Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

    La Borrasca Gloria el 21 de enero de 2020.

Líneas prioritarias

Otras medidas están centradas en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas.

En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.

La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.

La Declaración recuerda que la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas.

Por ello, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental.

Por ejemplo, se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.

Planes para Educación y Salud

En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética.

De igual modo, el acuerdo pone énfasis en actuar en conjunto con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde.

En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.

 

2020-02-10T12:16:16+01:00 21 enero, 2020|