Demandan al Parlamento Europeo y al Consejo por su inacción ante el cambio climático

El TJUE aceptó a trámite la demanda de 10 familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Kenia, Fiyi y la Asociación Saami de Jóvenes Sáminuorra (de Suecia), acompañadas por más de 30 ONG´s, organizadas a través de la entidad People’s Climate Case, el pasado 13 de agosto.

Se busca revertir la inacción climática y que la UE adopte las previsiones de la comunidad científica.

Imagen desde asociacionabogadosrcs.org

La demanda se basa en la relación causal entre la emisión de gases de efecto invernadero y los peligros que supone para el cambio climático, donde la Unión Europea es señalada como la responsable de la adopción de medidas para regular dichas emisiones e impedir vulneraciones de derechos fundamentales que actualmente ya están sucediendo.

En su análisis, Alexandra Farbiarz Mas de la consultora ambiental Terraqui, recuerda que esta demanda coincide con otra realizada en Estados Unidos llevada a cabo por la ONG Our Children’s Trust que ha logrado, después de que el estado federal de Oregón rechazara su admisión y que el Tribunal Superior Federal la admitiera a trámite a pesar de los intentos de la administración Trump para que fuese desestimada.

El caso europeo

El pasado 23 de mayo, 10 familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Kenia, Fiyi y la Asociación Saami de Jóvenes Sáminuorra (de Suecia) acompañados por más de 30 ONG´s, organizadas a través de la entidad People’s Climate Case, presentaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una demanda contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE por su falta de acción ante el cambio climático y sus repercusiones en sus derechos fundamentales puesto que ha afectado a sus casas, sus formas de vida, su trabajo y su cultura.

Los demandantes y una de sus abogadas han indicado los impactos que están sufriendo (sobre el medio ambiente, sus trabajos, esto es, la silvicultura, agricultura, ganadería, apicultura y su cultura) y los motivos que les han llevado a presentar su recurso. El pasado 13 de agosto, el TJUE aceptó la demanda a trámite lo que supone un paso más en lo que algunos juristas llaman el derecho climático.

Qué solicitan

  • El recurso pide que se declare la ilegalidad de los «actos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero» en la medida en que, entre 2021 y 2030, permiten la emisión de una cantidad de gases de efecto invernadero correspondiente al 80% de las emisiones de 1990 en 2021, y la reducción de dicha cantidad al 60% de las emisiones de 1990 en 2030.
  • Que se anulen los actos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida en que fijan los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en un 40% de los niveles de 1990, y, en particular, el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada por la Directiva 2018/410, el artículo 4, apartado 2, y el anexo I del Reglamento 2018/842 (sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013 que fija las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros en virtud del artículo 4, apartado 1., y el artículo 4 el Reglamento 2018/841.
  • Que se condene a los demandados a adoptar medidas con arreglo a los actos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero mediante las que se ordene la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 al 50% – 60 % de los niveles de 1990, o al nivel superior de reducción que el Tribunal considere oportuno.
  • Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal deniegue la adopción de una orden conminatoria y su decisión de anular los objetivos de reducción se dicte demasiado tarde para permitir una modificación de las disposiciones pertinentes antes de 2021, los demandantes solicitan que el Tribunal ordene que las disposiciones de los actos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero impugnadas permanezcan en vigor hasta una fecha determinada, llegada la cual deberán haberse modificado con arreglo a los requisitos de rango superior establecidos legalmente.

Los demandantes esgrimen que la Unión Europea vulnera derechos fundamentales protegidos por la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como consecuencia del cambio climático, sobre todo en lo que respecta al:

Artículo 37: Protección del medio ambiente: “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.”

Artículo 41: Derecho a una buena administración, apartado 3: “Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.”

Las emisiones permitidas superan ampliamente la cuota del Acuerdo de París

Además, los demandantes señalan que “los objetivos autorizan emisiones en cantidades que superan ampliamente la cuota equitativa que corresponde a la Unión del total de emisiones que establecen los objetivos del Acuerdo de París”.

Por otro lado, los demandantes también recuerdan que el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 191 establece que la política de la UE debe contribuir, a través de sus políticas ambientales, a alcanzar los siguientes objetivos:

  • la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
  • la protección de la salud de las personas,
  • la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
  • el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en particular a luchar contra el cambio climático.

Apuntan, a su vez, que la UE ya ha incumplido muchos de estos objetivos que se habían marcado anteriormente, así como sus compromisos adoptados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Todo ello ha supuesto daños materiales a algunos de los demandantes y puede seguir ocasionándolos en el futuro, por lo que los demandantes solicitan que las políticas europeas vayan más allá de los objetivos actualmente fijados, explicados en el inicio de este artículo.

El caso americano

Este caso se enmarca en el llamado Atmospheric Trust Litigation (ATL), concepto acuñado por Mary Wood de la facultad de Derecho de la Universidad de Oregón. El ATL engloba una serie de pleitos tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, por el cual se presentan casos con el objetivo de responsabilizar a los gobiernos de todo el mundo para reducir la contaminación de gases de efecto invernadero dentro de sus jurisdicciones y de este modo mitigar el impacto del cambio climático en las actuales y futuras generaciones. Este concepto se basa en que los gobiernos han sido elegidos por el pueblo y, por lo tanto, tienen el deber de proteger los sistemas naturales necesarios para su supervivencia.

El ATL viene a inscribirse dentro de la Public Trust Doctrine que requiere que el gobierno está obligado a mantener los recursos naturales vitales en fideicomiso para los beneficiarios públicos, protegiendo así esos recursos del monopolio o destrucción por parte de intereses privados.

En el caso americano, denominado Juliana vs Estados Unidos, 21 jóvenes, algunos menores de edad, acompañados por la ONG Our Children’s Trust, interpusieron una demanda primero ante el tribunal del Estado de Oregón, que rechazó aceptar el caso a tramitación, por lo que posteriormente se elevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Señalar que la Corte Suprema tiene la facultad de revisión judicial así como la de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal y estatales, no siendo sus decisiones apeladas.

Los jóvenes denuncian que se han amenazado sus derechos fundamentales puesto que Estados Unidos subvencionó al sector de las energías fósiles a sabiendas, desde hace ya muchas décadas, que esto supone un riesgo importante para el medio ambiente y para los ciudadanos americanos y sus futuras generaciones.

Our Children’s Trust también apoya en demandas interpuestas a los estados de Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, India, Noruega, Pakistán, Uganda, Ucrania y Reino Unido.

Así pues, concluye Farbiarz, se ve que en los dos casos descritos y aceptados por las máximas instancias judiciales de la Unión Europea y de Estados Unidos, los demandantes utilizan la vía judicial para denunciar a las administraciones por una falta de adecuación legal que impide mitigar los efectos del cambio climático que afectan desde hace años todo el planeta, con el objetivo de revertir la situación y ponerla en base a las previsiones de la comunidad científica, que alerta que estos cambios pueden ser mayores de lo que se preveían en años anteriores. Y se hace en base a la inacción climática por parte de las autoridades por lo que se les reclama la aplicación, ampliación y desarrollo de derechos fundamentales en ambos casos.

 

2018-09-19T18:02:40+00:00 13 septiembre, 2018|