Según un estudio de Ecologistas en Acción el sistema de mercado de emisiones y la ausencia de control del gobierno en la concesión de créditos gratuitos a las industrias cementeras ha podido reportarles más de 86 millones de euros de beneficio en 2019. Unos beneficios que ascenderían a más de 157 millones de euros en cinco años.
La organización ambientalista ha insistido recientemente en la incompatibilidad de los instrumentos de mercado con enfrentar la emergencia ecológica actual. Sostiene que la falta de planificación de los sectores unido a un sobredimensionamiento en la concesión de créditos gratuitos está generando enormes beneficios a las empresas del sector, mientras no se haga un ajuste de las emisiones en la línea de las indicaciones del IPCC será imposible que España cumpla con el compromiso de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de 1,5 ºC.
Ecologistas explica que el sector cementero en España supone aproximadamente el 15% de las emisiones de los sectores regulados. Ligado a la burbuja inmobiliaria y de la construcción, el sector llegó a contar con 41 fábricas en 2007, con una producción máxima de 32,1 millones de toneladas de clinker (principal componente del cemento más común), de las que 31 tenían autorización para incinerar residuos.
Asimismo, la mayor parte de las fábricas pertenecen a unos pocos propietarios, en su mayoría empresas multinacionales (Lafarge Holcim Ltd, Cemex, Italcementi Group, Cementos Portland Valderrivas, Grupo Cimpor). Esto es, advierte la entidad, “un verdadero oligopolio, con prácticas de acuerdos de precios de venta de los productos derivados (cemento, hormigón, mortero, entre otros) y de reparto de los mercados regionales, que ha sufrido varias sanciones millonarias de las autoridades de la competencia”.
Procesos irregulares y cabildeo
Las continuas presiones del lobby (o cabildeo) del cemento han logrado la permisividad de todos los gobiernos en la regulación del sector. Una realidad que en numerosas ocasiones ha denunciado Ecologistas en Acción ya que está generando graves problemas ambientales y sociales. Desde la autorización de incineración de residuos que nos solo agrava el cambio climático sino también la contaminación atmosférica. Pasando por los procesos irregulares de las actualizaciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) incluso la incineración de los residuos en las cementeras, con el consiguiente agravamiento de la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y terminando por conceder derechos de emisión a fábricas de cemento que han cesado definitivamente su actividad, como las de Holcim en Yeles (Toledo) y en Lorca (Murcia).
El análisis pormenorizado del sector según los datos reportados al Registro de la Unión Europea de Derechos de Emisión de 2019 muestra con claridad cómo se repiten las malas prácticas del sector. Así, la administración pública sigue reconociendo muchas más emisiones de las que emiten en la realidad, eso les ha podido generar el pasado año beneficios superiores a los 87 millones de euros. El sector cementero en el periodo 2014-2019 ha recibido más de un 13% de derechos que sus emisiones reales, lo que le habría podido originar un beneficio económico de más de 157 millones de euros.
Con todo, para Ecologistas en Acción el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE, ETS por sus siglas en inglés) es un despropósito incapaz de frenar la lucha climática. Además el exceso de derechos gratuitos y la falta de medidas adecuadas de vigilancia y control ponen en serio riesgo el cumplimiento de los objetivos europeos.
