Con la  Ley 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático, aprobada recientemente por el Parlament, Cataluña  tiene un ambicioso plan para reducir sus emisiones en un 40% para el año 2030 y en el cien por cien en 2050. Además plantea que en 2030 se alcance el 50% de cuota de las energías renovables en el sistema eléctrico para llegar al 100% de renovables a mitad de este siglo.

La normativa crea un impuesto para las emisiones portuarias de grandes barcos y de las actividades industriales que nutrirán un Fondo Climático. También establece que las centrales nucleares en su territorio cuenten en 2027 con un plan de transición para su cierre.

La Ley de Cambio Climático catalana gravará a las empresas alrededor de €10 por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitido – un número que elevará a cerca de €30 en 2025. Los barcos grandes serán gravados alrededor de €1.000 por cada tonelada de óxido de nitrógeno emitido. Además, la norma refuerza el impuesto existente sobre los coches contaminantes. Para ello, el gobierno catalán tendrá que aprobar el plan para la aplicación de los dos nuevos impuestos antes del 1 de diciembre de este año para que la nueva ley entre en vigor en 2019.

Cabe señalar que el dinero recaudado a través de estos impuestos financiará el Fondo Climático que entre una serie de medidas relativas al clima promoverá las energías renovables, la producción de energía distribuida, la movilidad o la eficiencia y el ahorro del agua. También pretende garantizar la protección a la población ante fenómenos meteorológicos extremos.

Presupuestos de carbono

La Ley establece unos hitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de reducción es del 40% para el 2030 respecto del año base (2005), del 65% para el 2040 y del 100% para el 2050.

Cabe recordar que entre 2005 y 2014, Cataluña redujo sus emisiones en un 26%, superando el objetivo inicial de reducción del 25% en 2020.

Para ello, el Parlament aprobará la cantidad total de emisiones permitidas para toda Cataluña, y tendrá que indicar qué parte corresponde en los sectores cubiertos por la Directiva del mercado de emisiones y cuál a los conocidos como sectores difusos. Los presupuestos de carbono se establecerán para periodos de cinco años y se aprobarán con una antelación de diez.

Además, el ejecutivo tendrá que establecer las bases para un sistema de evaluación de la huella de carbono de los materiales para la construcción y los productos industriales finales. De esta manera, los consumidores podrán decidir su adquisición conociendo las emisiones asociadas a su producción y a su transporte.

La ley incluye asimismo la garantía de acceso a los recursos básicos de energía y agua. La vulnerabilidad de una población hacia los impactos del cambio climático, especialmente a los llamados fenómenos extremos, como las olas de calor, las de frío o las sequías, está en gran parte determinada por su capacidad a acceder a estos dos recursos básicos.

Energía

Según esta ley, las medidas que se adopten en materia de energía deben ir encaminadas a la transición energética hacia un modelo cien por cien renovable, desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común.

  • Para ello la normativa dará impulso a políticas de ahorro y eficiencia energéticos, con el objetivo de reducir el consumo final de energía al menos un 2% anual para llegar como mínimo al 27% en el año 2030, excluyendo los usos no energéticos.
  • La ley impulsa un modelo energético en que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda alcanzar el 50% de participación de las energías renovables en el sistema eléctrico catalán para poder llegar al 100% de renovables en 2050.
  • Señala también que se adoptarán medidas que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución de energía renovable.
  • Por ejemplo, pretende promover la creación de un clúster de investigación y producción en energías renovables a partir de los centros de investigación en energías renovables presentes en Cataluña.
  • Para la transición energética hacia un modelo cien por cien renovable, desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, se debe establecer un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio.
  • Además, se va diseñar un sistema de tarifas que penalicen el sobreconsumo.
  • Por su parte, el Gobierno catalán no concederá permisos de exploración para la obtención de gas y petróleo de esquisto por fracturación hidráulica horizontal (fracking), incluida la relacionada con la obtención de gas metano de capas de carbón con utilización de fracturación inducida.
  • Asimismo, el ejecutivo pretende modificar la legislación para agilizar la tramitación de la implantación de parques eólicos.

Industria, servicios y comercio

Establece la ley que las empresas que tengan más de 250 trabajadores y que quieran acogerse a las ayudas, las bonificaciones y los beneficios fiscales relativos a actuaciones y proyectos de naturaleza ambiental, energética o de innovación para una transición hacia una economía neutra en carbono establecidos o gestionados por la administración autonómica deben acreditar que han hecho el análisis de su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y, si procede, un calendario de medidas de adaptación, así como el inventario de las emisiones GEI y las actuaciones que llevan a cabo para su reducción.

Por otra parte, se impulsarán las modificaciones legislativas necesarias con relación a la promoción del ecodiseño y la lucha contra la obsolescencia programada, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.

En tanto, los establecimientos comerciales que superan los 500 metros cuadrados de superficie de venta deben utilizar un porcentaje mínimo, que debe establecerse por reglamento, del consumo final de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Impuestos ambientales

Además del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, creado por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, se crean gravámenes sobre actividades económicas que generan CO2 eq y sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.

En cuanto al impuesto sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono. El hecho imponible son las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades económicas producidas durante su funcionamiento normal, anormal y excepcional. El cálculo de las emisiones debe determinarse a partir de la equivalencia en incidencia climática de las emisiones directas netas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso producidas por la actividad y derivadas del consumo de combustibles fósiles, de su proceso productivo y de la gestión de deyecciones ganaderas dentro de la explotación.

La cuota debe determinarse en función de la base imponible y del tipo impositivo, el cual debe tener carácter progresivo en función del volumen de las emisiones. Para determinar el tipo impositivo, deben tenerse en cuenta las cargas fiscales directas e indirectas que inciden en el precio total de las emisiones de CO2 eq, de modo que este se sitúe en un valor estimado medio de unos 10 € / tCO2 eq, que debe aumentar bienalmente hasta alcanzar un valor de unos 30 € / tCO2 eq en 2025. Esta progresión temporal debe tener en cuenta los resultados de la evaluación de los presupuestos de carbono. También deben tenerse en cuenta los costes fijos derivados del seguimiento, notificación y verificación (MRV, en inglés) en el caso de las instalaciones que están dentro del mercado de comercio de derechos de emisión.

En el caso del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos la base imponible son los kilogramos de óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos por el barco durante las maniobras y su estancia en el puerto. Las emisiones deben calcularse con la metodología establecida por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente y utilizando los factores de emisión aprobados por esta. La cuota debe determinarse en función de la base imponible y del tipo impositivo, que debe situarse en un valor estimado de 1.000 € / tNOx.

Fondo Climático

  • El Fondo Climático que se va a crear debe impulsar el fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética; la descentralización de redes y el autoconsumo energético y las viviendas energéticamente eficientes.
  • Asimismo, puede promover la movilidad sostenible, la eficiencia y el ahorro de agua, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la pérdida de esta y la reducción de impactos sobre la salud y la sanidad animal y vegetal.
  • También se le relaciona con la garantía de protección de la población ante el incremento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, los equipamientos más eficientes y la modificación de los procesos de producción para reducir las emisiones contaminantes.
  • Otro ámbito de actuación del fondo es la gestión forestal sostenible, la investigación y la innovación en el ámbito del cambio climático, la transformación del modelo agroindustrial en un nuevo modelo que garantice la soberanía alimentaria, la reducción de gases de efecto invernadero en el sector agrario y la adaptación y reducción de la vulnerabilidad de los sectores económicos y de los sistemas naturales.

La norma especifica que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad tiene las competencias y las responsabilidades en la planificación y ejecución de las políticas climáticas de Cataluña.