Un proyecto de ley climática con los objetivos rebajados

Después de un largo proceso de elaboración y rediseño, en el que se han sucedido al menos tres legislaturas, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con buenas intenciones, pero con dudas debido a la disminución de los objetivos respecto del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y a una falta de medidas orientadas a la electrificación del sector energético y el autoconsumo. En tanto, la ley crea el modelo de negocio de agregador de energía independiente, entre otras novedades.

En pocas palabras, el texto del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), enviado al Congreso esta semana, fija como objetivos, que son revisables sólo al alza, los siguientes parámetros:

-España deberá alcanzar la neutralidad climática no más allá del año 2050.

-Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico tiene que ser 100% renovable.

– Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Hay que señalar que la Comisión Europea se ha fijado una reducción para ese año de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.

-Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

-Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Sobre el calibre de estas metas hay reparos importantes. Se ha reclamado mayor ambición. Por poner un ejemplo, Amigos de la Tierra sostiene que “la Ley sigue contemplando la neutralidad para el año 2050, cuando desde las organizaciones ecologistas consideran indispensable de que se lleve a cabo en 2040, tal y como aconseja la comunidad científica. De igual forma, el aumento de ambición de reducción de emisiones del 23% para el año 2030 respecto a la referencia del año 1990 (al menos éste es el objetivo marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 o PNIEC remitido a Bruselas), sigue siendo insuficiente y no sigue las recomendaciones de la ciencia que afirma que esta década es decisiva para no superar el aumento de 1,5ºC la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático”.

“Aunque los objetivos sean considerados como umbrales o de mínimos no pueden ser inferiores a los ya considerados como mínimos del PNIEC”, aclara la Fundación Renovables (FER).

De acuerdo con esta última entidad “los objetivos planteados en el PNIEC del 42% de penetración energías renovables respecto al consumo de energía final descienden incomprensiblemente a un 35% y el 74% de generación eléctrica con renovables al 70% y abre dudas sobre las características del modelo energético y la relación entre los objetivos de renovables y la reducción de emisiones. Todo lo cual coincide además con la propuesta de modificar los objetivos de la UE para 2030 incluyendo un posible incremento en la reducción de emisiones del actual 40% hasta el 55%. Además, el proyecto de la norma española sigue sin fijar un año concreto para el cierre de plantas de carbón y nucleares”.

Tampoco, agrega la Fundación, se plantean objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía, los cuáles deberían aportar, al menos, el 10% de la demanda de energía final en 2030. Por otro lado, el objetivo de penetración de energías renovables en el sistema eléctrico para finales de esta década pierde valor al no plantear conjuntamente un objetivo de electrificación del sector energético, para el cual FER propone que se alcance un 50% para 2030 y así contribuir decisivamente a la reducción de emisiones del sector en su totalidad.

En este sentido, agrega Amigos de la Tierra, uno de los puntos a cubrir es el acceso a la financiación e información, a través de apoyos financieros o de inversión, subvenciones o exenciones fiscales a la energía comunitaria. “La creciente tendencia hacia las licitaciones y subastas está afectando negativamente la capacidad de las comunidades de energía renovable para competir o acceder a los sistemas de ayudas. El Gobierno debe abordarlo teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables cuando desarrollen sus sistemas de ayudas públicas. Son urgentes medidas que aseguren que las comunidades de energía puedan competir por sus ayudas en pie de igualdad con otros actores del mercado”, advierte.

Fin del fracking

También incide la ONG en la necesidad de establecer condiciones más restrictivas al transporte aéreo, uno de los grandes responsables de emisiones de gases de efecto invernadero (5-8% de emisiones a nivel global), así como a la penetración de agrocombustibles, negando falsas soluciones que suponen un mayor impacto climático que el combustible fósil al que sustituyen. La “aviación verde” no existe y las medidas deben enfocarse en un reducción drástica del transporte aéreo. Por ello, es necesario incluir medidas contrarias a la permisividad de ampliaciones de aeropuertos, medidas que deben ir acompañadas de soluciones alternativas que promuevan una transición ecológica justa.

Aún así, Amigos de la Tierra ha valorado muy positivamente el punto final que supone esta ley a la explotación de hidrocarburos y al fracking (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación.

 

Herramientas de acción climática

En su nota oficial, el Ejecutivo afirma que los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables -la fuente más barata-, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación.

De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.

Renovables y eficiencia, como palancas de reactivación

La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.

El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico.

Agregador independiente

De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red.

De esta manera, se busca optimizar el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

Nuevo marco retributivo para renovables

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.

El nuevo marco se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético -operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.

La rehabilitación de edificios

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.

Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Hacia la movilidad sostenible

El conjunto de las Administraciones Públicas -Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales- podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.

Progresiva implantación de puntos de recarga

La movilidad por carretera es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte. La ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.

En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.

En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para 2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.

Desinversión en productos energéticos de origen fósil

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

Recursos para la lucha contra el cambio climático

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.

El valor de la ley en un contexto complicado

De todas maneras, Amigos de la Tierra ha valorado el esfuerzo realizado para publicar la normativa en un momento tan complejo como el actual, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Gracias a esta aprobación la ciudadanía cuenta con una base legislativa para priorizar la protección ambiental, así como medidas para luchar frente a la crisis climática, de cara a la recuperación económica. Esto, supone que existirá un control para que las medidas de recuperación económica y social sean medioambientalmente sostenibles.

Cabe señalar que el texto de la norma enviado a las Cortes consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado y la participación ciudadana, entre otras.

 

2020-05-25T12:27:11+02:00 20 mayo, 2020|